Para la profesora de Derecho, Adoración Guamán, la ciudadanía debería ser adecuadamente informada del contenido y de las posibles repercusiones acuerdo comercial con Canadá, CETA, antes de que se produzca la ratificación del mismo por España. No ha existido, en su opinión, una adecuada difusión de las consecuencias que este amplio acuerdo puede tener sobre los derechos de la ciudadanía y de las empresas españolas.
El Foro Sensus Communis del Ateneo Mercantil ha abordado hoy este tema a través de la conferencia “Los tratados de libre comercio entre Europa y Canadá” que ha sido impartida por Adoración Guamán, profesora titular de Derecho de la Universitat de València.
La profesora ha destacado que el proceso de ratificación de este tratado entre la UE y Canadá está siendo muy complicado, mucho más de lo que se esperaban las partes negociadora. Desde hace ya más de un año, tanto la ciudadanía como distintos sectores económicos y diversos Estados miembros están expresando su rechazo y reticencias ante el acuerdo con Canadá, tanto en manifestaciones como en campañas, universidades, sindicatos e instituciones. Al igual que ha ocurrido con la negociación del TTIP, la falta de información inicial y los distintos informes que desde las campañas ciudadanas y organizaciones se están lanzando para advertir del impacto que podrían tener estos tratados sobre cuestiones como la salud, el medio ambiente o los derechos laborales están despertando muchas críticas y alarmas. Es por tanto necesario, en opinión de Guamán, abrir un amplio debate sobre estos temas antes de su ratificación definitiva.
Durante su intervención, Adoración Guamán, indicó que el Gobierno ha remitido ya el Acuerdo a las Cortes Generales y ha manifestado su intención de impulsar una aprobación rápida. Sin embargo, continuaba Guamán, diferentes juristas “hemos señalado que el CETA incluye una serie de disposiciones que vulneran múltiples derechos y principios fundamentales de la Constitución Española. Entre ellos el sistema de resolución de conflictos entre inversor y Estado y sus tribunales (el llamado Investment Court System), que son contrarios al principio de igualdad y al derecho a la tutela judicial efectiva”.
Además, el tratado incluye distintos mecanismos, llamados de “cooperación reguladora” así como un Comité Mixto, que en opinión de Guamán vulneran los mecanismos democráticos de ejercicio y distribución del poder y suponen en realidad una clara cesión de competencias que debe tramitarse por una vía distinta a la que se está planteando. No se puede olvidar, continuó la profesora, que como han indicado distintos informes de universidades críticos con el CETA, el acuerdo contiene disposiciones que reducirían los estándares de protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores, agricultores, pequeños empresarios, etc., así como la distribución competencial entre los Estados y la Unión Europea en relación a las normas laborales”.
Guamán ha señalado que la Comisión y el Gobierno español han elaborado informes donde se destaca la posible creación de empleo y riqueza que podría producir este acuerdo. Sin embargo, ha concluido la profesora, nada asegura, más bien todo lo contrario, que estos puestos de trabajo que vayan a crearse sean empleos estables y de calidad y que la riqueza creada vaya a redistribuirse. En realidad, las experiencias anteriores apuntan a que este tipo de tratados producen una mayor acumulación de la riqueza y una precarización acelerada del empleo. El CETA tiene todos los ingredientes para provocar estos efectos negativos sobre las PyMES y los derechos de las y los trabajadores y no incluye, en opinión de Guamán, los mecanismos necesarios para evitar estas consecuencias negativas.
En todo caso y más allá de los pronósticos respecto de las posibles consecuencias, la profesora concluía con un llamamiento a las autoridades para que abran el debate entre la ciudadanía de manera honesta, dando la información necesaria y promoviendo que los distintos sectores y organizaciones empresariales, sindicales y organizaciones sociales puedan expresar su opinión de manera previa a la aprobación definitiva del acuerdo con Canadá.
