El Santo Oficio, también conocido como la Inquisición, es una institución histórica que comenzó en el siglo XII con la bula pontificia de 1184 del Papa Lucio III y continuó hasta el siglo XIX. Su propósito principal era la persecución de delitos contra la fe cristiana, y su proceso inquisitorial incluía métodos como la ordalía, donde se realizaban juicios divinos con pruebas de agua y fuego. A lo largo de los siglos, la Inquisición evolucionó en varias formas, incluida la Inquisición Medieval y la Inquisición Española, adaptándose a las necesidades religiosas y políticas de la época.
La herejía, un tema central para el Santo Oficio, se definía como la adopción de creencias contrarias a la ortodoxia cristiana. No todas las personas que no profesaban la fe católica eran consideradas herejes; el enfoque principal era sobre los conversos que renunciaban al cristianismo para regresar a sus prácticas religiosas originales en privado, como los judeoconversos y los moriscos. La Inquisición se encargaba de investigar y castigar a estas personas, asegurando la pureza de la fe católica en los territorios bajo su jurisdicción.
La Inquisición no se limitó a la Península Ibérica; también tuvo un impacto significativo en otros lugares como Francia, donde se originó para combatir a los cátaros en la región de Albi. En el siglo XIII, con el Papa Gregorio IX, se institucionalizó la Inquisición y se establecieron procedimientos y castigos, incluyendo la tortura, bajo ciertas condiciones. A lo largo de los siglos, la Inquisición se adaptó y se expandió, incluyendo tribunales en Sicilia y persiguiendo a diversos grupos como blasfemos, sodomitas, y más tarde, masones y liberales, reflejando las tensiones religiosas y políticas de cada época.
El proceso inquisitorial es crucial en la historia de la persecución de la herejía, especialmente en la Europa de la Edad Moderna. Este proceso comenzaba con un edicto de gracia o de fe, en el cual las personas podían autoincriminarse o delatar a otros sin temor a un falso testimonio, que era severamente castigado. El procedimiento solía durar entre 15 y 40 días, donde se recolectaban denuncias, algunas anónimas y otras con nombres y apellidos. La mayoría de los acusados se auto-incriminaban para evitar penas mayores, pasando a la fase del edicto de anatemas, que establecía si se castigaba, absolvía o se determinaba una pena espiritual o económica.
Las cárceles inquisitoriales eran poco utilizadas por su costo, y tras el arresto, los acusados enfrentaban al juez inquisidor, quien les hacía preguntas sobre su fe y antecedentes familiares. Los inquisidores documentaban todo, y los acusados podían tener un abogado de la institución inquisitorial, aunque su defensa era limitada para evitar sospechas de herejía. Los testimonios de testigos eran cruciales para corroborar las acusaciones, y el falso testimonio era severamente castigado. El tormento, aunque real, no buscaba desmembrar o ejecutar al reo, sino obtener confesiones. El fallo final podía ser absolutorio, sin pruebas concluyentes, o condenatorio.
La Inquisición española, a menudo estigmatizada por cifras exageradas, ejecutó entre 2500 y 2700 personas entre 1478 y 1834, una cifra baja en comparación con la justicia civil. Además, existieron otras inquisiciones en Europa, como la romana y la portuguesa, con sus propios procedimientos y periodos de actividad. La Inquisición romana, por ejemplo, perduró hasta 1965, ajusticiando a figuras como Giordano Bruno. En Portugal, la Inquisición ejecutó a alrededor de 175 personas entre 1546 y 1826. El fin de la Inquisición española llegó en 1834, con su abolición formal, aunque su impacto y estigmatización perduraron mucho más tiempo.
