La ética y la integridad en el sector público incide en el uso de poderes y recursos confiados al sector público de forma efectiva, honesta y para fines públicos. Los estándares éticos relacionados adicionales que se espera que sostenga el sector público incluyen transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y competencia.
La integridad pública es esencial para promover el bien público y garantizar la legitimidad de las organizaciones públicas, es decir, es la antítesis de la corrupción. Esta reunión de la Escuela de Filosofía del Ateneo, tuvo como conferenciante a 𝐃ª. 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐏é𝐫𝐞𝐳, técnica de transparencia y participación ciudadana del Ayuntamiento de Valencia.
Hay una creencia asentada en el imaginario colectivo de que la gestión de la cosa pública consiste en una serie de ventanillas en las que la gente hace cola; pero existen ventanillas y otros puntos en los que no se hace cola; e incluso teléfonos a los que se llama y el funcionario acude a tu propio despacho. Existe la “sensación” de un trato desigual, de favores y privilegios. Cuando precisamente en la actuación de la gestión pública ha de estar informada por el principio de imparcialidad e igualdad.
A veces, el ciudadano no se siente comprendido y entendido. Hay que tener claras algunas ideas claves: la gestión pública ha de ser transversal e integral, para que sea ética. Hay un énfasis para esto, en las leyes de transparencia; pero debe calar en los empleados públicos para que se comporten de manera correcta.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestores públicos? Son empleados públicos personas con funciones retribuidas en la función pública; y han de velar por los intereses generales. No por los individuales; pero todo queda un poco confuso. El gestor público tiene una ética privada de su esfera individual, pero también ha de tenerla de la ética pública, de la moral social, de la ética profesional y de la ética en las instituciones. ¿Qué quiere decir integridad pública? Se refiere a poderes y recursos bajo la responsabilidad de los gestores públicos, que se integran de manera honesta, efectiva y dirigida a fines públicos. Y en cuanto a la ética aplicada a la función pública son las necesarias para que se apliquen en la cosa pública. ¿Qué principios y valores públicos son deseables?. Una recopilación posible, es:
- Objetividad
- Integridad
- Neutralidad
- Austeridad
- Responsabilidad
- Imparcialidad
- Confidencialidad
- Eficacia
- Dedicación al servicio público
- Transparencia
- Ejemplaridad
- Honradez
Los preceptos y valores éticos está recogidos en las normativas, en la Constitución, por ejemplo; o en el estatuto del empleado público. En el ámbito público, la ética se refiere a la integración de los valores en los gestores públicos. Y tiene su desarrollo en los años 70 del siglo pasado. Estos gestores públicos han de cumplir una serie de valores, que no siempre están escritos: hay que potenciar y apelar a esos valores éticos. Las actitudes de estos gestores han de estar dirigidas al benefici0o común. La ética de la función pública es aplicada. A todos nos suena el escándalo de Watergate, como uno de los más importantes y que supuso un punto de inflexión.
En los últimos años, hay que destacar el informe NOLAN. A petición del primer ministro británico, se solicitó un informe para la actuación de la función pública. En ese informe se recogen los siguientes principios:
- Altruismo
- Integridad
- Transparencia
- Objetividad
- Responsabilidad
- Honestidad
Estos principios deben estar asentados en la gestión de los funcionarios públicos. La OCDE ha definido la integridad pública como la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público.
Trabajar la integridad pública es un elemento esencial para legitimar las instituciones y mejorar la confianza. Y que la administración pública resuelva los problemas del ciudadano.
Para tratar de ver en qué situación nos encontramos hay que hacer referencia a los tres modelos de administración pública:
- Modelo burocrático, que se define como piramidal y basado en la jerarquía. Tiene ciertas condiciones favorables, pero esos protocolos tienen ciertas limitaciones y rigideces;
- Modelo de eficacia, junto al anterior, supone tener mayor flexibilidad y adaptarse a la ciudadanía, aunque haya menos control;
- Modelo de gobernanza, haciendo más énfasis en la transparencia y que haya mayor confianza de la ciudadanía. Es el modelo actual.
Este último modelo trabaja responsabilidad, rendir cuentas y participación ciudadana. Ahora se aboga por este modelo, pero se va incorporando poco apoco.
La ética pública y la integridad han tenido un mayor énfasis últimamente por las situaciones de corrupción: del descuido de la ética en la función pública. La corrupción muestra, a veces, que el bien común no es el objeto de su actuación. La corrupción son antivalores: avaricia y egoísmo buscando interés propio. Los gestores públicos deben buscar la gestión pública, ya que se les paga para ello. Las prácticas de corrupción generan desconfianza. Algunos autores afirman que la corrupción surge a fallos del sistema, falta de control, instituciones débiles, falta de rigor de la legalidad.
Hay una clasificación que entiende que hay dos tipos de corrupción: la grande (de arriba abajo); pero también existe la pequeña corrupción (de abajo arriba). Ambas afectan. Un concepto importante definido por Transparencia Internacional, nos dice que la corrupción consiste en el uso indebido del poder utilizado por personas a quienes les ha sido encomendada, para su propio beneficio personal. El Banco Mundial la define como el abuso de un funcionario público en beneficio privado tanto si el funcionario acepta el soborno como si extorsiona al perjudicado.
La corrupción es el descuido en el fomento de la ética pública que tiene como consecuencias la debilidad de las instituciones públicas y la pérdida de confianza. Las causas pueden ser endógenas: falta de conciencia social, modelos sociales sin predominio de valores, etc.; y también exógenas: impunidad en casos de corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas, discrecionalidad, etc.
La corrupción abarca una gran cantidad de conductas. Muchos autores consideran que la corrupción viene tanto por el ámbito público como por el privado. Transparencia Internacional cuenta con dos índices: índice de percepción de la corrupción, que se analiza de 0 a 100: 0 muy corrupto; 100, ausencia de corrupción. España se encuentra en número 34, con 61 puntos. Los países con mayor puntuación, son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda… Algunos datos que conviene considerar es la opinión pública. Hay una encuesta que dice que en España el 94 de los españoles considera que la corrupción está generalizada: es un dato preocupante. Por todo esto, hay un interés creciente en la ética pública, que se ha de trabajar en un ámbito central, sistemático, con transparencia, actuaciones de integridad, etc.
Es necesario analizar la actuación de los gestores públicos porque se considera la importancia del engranaje de los servicios públicos, en los diferentes ámbitos. Los gestores públicos se encuentran con problemas morales en su actuación: discrecionalidad y arbitrariedad. La discrecionalidad puede ser interesante e importante, pero no es arbitraria. La tentación del uso del cargo público para uso personal, familiar, etc. Es un riesgo. También la falta de transparencia. Todas estas cuestiones si se trabajan bien se pueden mejorar mucho. Los gobiernos que quieren ser justos deben tener empleados públicos íntegros. La ética y la integridad son el mecanismo de control para evitar la corrupción y aumentar la confianza y calidad de la actuación pública
En la ética pública hay dos enfoques: en el cumplimiento, ética de la responsabilidad, con mecanismos de control, estipulado, etc. Este modelo tiene eficacia limitada. Ahora el enfoque se basa en la integridad. No debemos trabajar tanto en castigar, sino en prevenir la corrupción. El modelo que actualmente se está siguiendo en muchas organizaciones es el de la OCDE: control, orientación y gestión. Para contar con administración honesta, debe existir control, también mecanismos de escrutinio público; pero no es suficiente: hay que orientar a través de un compromiso político y ético con la ejemplaridad y transparencia.
Los códigos de conducta y los medios de formación, educación y sensibilización. Y finalmente, la gestión: que haya una coordinación de control de cómo se realizan las cosas a través de comités éticos, etc. Y condiciones sólidas de servicio público. Cuando hay conflicto de intereses, debemos apartarnos del procedimiento, por ejemplo. También se ha impuesto el concepto de fraude, que sería el uso de documentación falsa, inexacta, etc. Incumplimiento de comunicar una información; etc. Y también en el marco normativo, hay que trabajar los principios de buena administración. Todos los ciudadanos tienen derecho a una buena administración. Se trata de establecer principios para que se hagan las cosas bien. También, además del marco normativo, las administraciones públicas está promulgando códigos éticos y de mejora de los comportamientos éticos de los servidores públicos.
De nada sirve presentar "papeles", si no hay una sensibilización de los miembros de la organización; y que todos aporten sus propuestas de mejoras en sus actuaciones diarias. También los códigos deben ser prácticos, se pueden incorporar ejemplos buenos o malos; y que se den a conocer, se difundan y se evalúen. Los códigos éticos apelan a los principios: se trata de regir la actuación de los empleados públicos y recoger los principios que sean válidos: derechos humanos, imparcialidad, objetividad, integridad, transparencia, proximidad, confianza, modernización, etc. Además, hay otros elementos complementarios: liderazgo, confianza institucional, área de la contratación pública, etc.
Debe haber además alguien que controle y haga seguimiento del código. Otra de las medidas de gran actualidad, para mejorar la gestión pública, son los buzones de denuncias: es un canal en el que cualquier persona que tenga conocimiento de irregularidades lo ponga en conocimiento de la administración. Y es un medio de lucha contra el fraude: es un canal seguro para presentar denuncias, también de forma anónima y confidencial. La UE está apremiando a las administraciones públicas a que pongan en marcha estas medidas.
