Se celebró una nueva reunión del Foro Sensus Communis en la que se debatió sobre un tema que está en plena fase de discusión tanto a nivel social como político, como es el de la Maternidad Subrogada. Cada año, en nuestro país, unos mil niños son gestados y nacidos en el extranjero mediante esta práctica. Menores que tienen, al menos, uno de sus progenitores de nacionalidad española, y a los que, por encima de todo, hay que darles plena protección jurídica. Porque -y esto es una evidencia- los niños están entre nosotros. Eso sí, en un auténtico limbo jurídico. Sin identidad, sin padres oficiales en España y sin ningún derecho como ciudadanos españoles. Viven en nuestra sociedad y, pese a que hay otros intereses con los que pueden colisionar, el interés del menor es primordial y prioritario. Los intereses concurrentes necesitados de protección jurídica son tres: el de los citados menores; los de las mujeres que se prestan a esta técnica de reproducción, renunciando a sus derechos como madres; y, por último, los de los denominados padres intencionales.
Actualmente existe una iniciativa legislativa impulsada por Ciudadanos, y es objeto ya de discusión interna en el PP. No deja de sorprender el silencio oficial, o la falta de apertura al debate, de PSOE y Podemos. También dentro del feminismo, integrado o no en partidos, hay corrientes a favor y en contra, otra razón de peso para plantear un debate serio entre todos.
Por otro lado, existen al menos dos documentos que han alcanzado una importante difusión en torno al debate sobre maternidad subrogada. Uno, a favor de que se admita y se legalice rigurosamente, propuesto por el Grupo de Ética y Nueva Práctica Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), coordinado por Rocío Núñez, Lydia Feito y Fernando Abellán con la colaboración de médicos, biólogos de la reproducción, psicólogos, enfermeras, expertos en bioética y abogados especializados en el campo del derecho sanitario. El otro, en contra de la regulación y titulado Vientres de Alquiler, que aparece con firma genérica, pero difundido por la Asociación de Profesionales por la Ética.
Se trata realmente de un dilema ético-legal. De un lado, para aquellos que se dedican a la salud de la mujer y a la salud sexual y reproductiva está claro que la biología impone unos límites y nadie puede conseguir todo lo que desea. Asimismo hay que tener en cuenta que las desigualdades económicas y sociales marcan grandes diferencias en la salud y en la enfermedad. España, junto a otros muchos países, ha rechazado de forma continuada la práctica de la maternidad subrogada. Lo hizo cuando aprobó la ley que reguló la reproducción humana asistida en 1988 y lo ratificó tanto en la reforma de 2003 como en la nueva ley en 2006. Sin embargo, la norma vigente no resulta suficientemente efectiva para alcanzar el objetivo que persigue, que es la nulidad de los contratos de maternidad subrogada. La explotación a la que están sometidas las mujeres gestantes es una razón de peso para que España defienda, en el seno de la comunidad internacional, la adopción de medidas dirigidas a prohibir la celebración de este tipo de contratos. Todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio, porque se cosifica el cuerpo de la mujer.
Frente a esa posición contraria, lo bien cierto es que la maternidad subrogada es ya legal en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil o México. Se dice que resulta especialmente incoherente, por no decir irritante y cínico, que quienes defienden con todas sus fuerzas, y con toda justicia, el derecho de la mujer para decidir con absoluta libertad y con todas las garantías sobre su cuerpo en asuntos como, por ejemplo, la sexualidad o el aborto, le nieguen ahora a la mujer el derecho a implicarse libremente en un proceso de maternidad subrogada. También se indica que es adecuado partir del principio de que todos, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, debemos ser iguales ante la ley y en el acceso a los recursos que puedan cambiar, mejorar y dignificar nuestras vidas. Felizmente, no sólo parejas heterosexuales, sino los hombres solteros o las parejas gays que pueden permitírselo. Los testimonios de mujeres -muchas de ellas afectadas en su día por un cáncer superado, pero que las privó de la posibilidad de gestar- y de sus parejas, y de hombres sin pareja o casados con otro hombre -parejas condicionadas por lo que se denomina esterilidad estructural-, que han sido madres o padres gracias a la maternidad subrogada, conmueven y convencen.
En definitiva, tras analizar todos estos aspectos del problema, se llegó a la conclusión de que debe promoverse una regulación legal de la maternidad subrogada, porque es un hecho que, se acepte o no, existe en la realidad, y es preferible regularla que ignorarla.
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