¿Por qué se está extendiendo una mentalidad favorable a la eutanasia y por qué esa mentalidad está errada? Porque las filosofía individualista y utilitarista son las hegemónicas en la actualidad y, aunque tienen aspectos positivos, comparten un error gravísimo: desconocer que el ser humano es valioso más allá de su capacidad para ejercer su voluntad y de su capacidad para producir algo útil. La eutanasia se basa en esas dos filosofías que consagran el derecho del individuo a que otros acaben con su vida cuando lo pida, y el principio de que las vidas inútiles no merecen la pena ser vividas. Ignora, pues, que todo ser humano es digno y su vida inviolable, con independencia de su presunta utilidad social.
¿Cómo se aprobó la ley de eutanasia en España? La ley se aprobó con nocturnidad y alevosía. Con nocturnidad porque se hizo de espaldas a todos los agentes directamente implicados en su prestación. Ni los médicos ni las enfermeras fueron consultados al respecto. Además, al tramitarse como proposición de ley, no requirió de los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Comité de Bioética de España, informes que hubieran contribuido a mejorar el texto de la ley. Se aprobó con alevosía porque una ley con este impacto social no se puede aprobar cuando la opinión pública está en estado de schock en medio de una pandemia y cuando las personas más vulnerables (que, en buena medida, coinciden con las destinatarias de la ley) están muriendo de mala manera como consecuencia de la pandemia.
¿Y qué valoración técnica merece la nueva ley española de eutanasia? La valoración no puede ser más que negativa. Ha entrado en vigor cuando todavía no existía el Manual de Buenas Prácticas, los servicios sanitarios no se habían adaptado para la nueva prestación y los decretos de desarrollo de las comunidades autónomas se estaban empezando a aprobar. Pero más allá de la precipitación en la entrada en vigor, hay que señalar algunos defectos mayúsculos de la ley: discrimina a las personas por razón de su discapacidad, no garantiza la absoluta libertad del solicitante de la eutanasia, sacraliza las voluntades anticipadas sin dar relevancia a la voluntad del individuo en el momento presente, margina el papel de la enfermería, crea una burocracia que acaba resultando poco garantista, y, lo peor de todo, no ofrece una asistencia socio sanitaria integral al final de la vida para evitar que la verdadera razón que induzca a muchas personas a optar por la eutanasia sea la carencia de unos cuidados dignos.
